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NOTICIAS
El Tribunal Constitucional suspendió provisionalmente la ejecución de una sentencia de amparo emitida por un tribunal civil de La Vega, que restringe la celebración del carnaval de esa ciudad y dispone la adopción de medidas para su regulación.
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El acuerdo firmado por la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, la cual se comprometió a resarcir económicamente al país con 184 millones de dólares, ha sido catalogado como “el mejor que se ha llegado en toda la historia del Código Procesal Penal”, a juicio del experto en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats.
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Asociados con granceros y empresarios exigen que las autoridades apliquen las leyes y la sentencia que garantizan la libre competencia en el transporte de carga.
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El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Rafael Paz Familia, declaró hoy que toda la sociedad dominicana debe aprovechar el fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) para todos juntos construir un sistema de transporte decente y accesible
Mediante acción de amparo, más de 60 organizaciones empresariales y profesionales solicitan al Tribunal Superior Administrativo (TSA) que, en cumplimiento de las leyes, ordene a distintos ministerios la aplicación de la normativa vigente sobre el servicio de transporte de carga y de pasajeros.
El abogado Eduardo Jorge, representante legal del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), dijo hoy que el recurso de amparo elevado por esa organización ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) persigue de terminar con el monopolio en el transporte de mercancías que mantienen empresas disfrazadas de sindicatos
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"Fue utilizado irregularmente por la Superintendencia de Bancos para beneficiar a un banco extranjero con el traspaso forzoso de los activos de dicha entidad de intermediación financiera".
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El ministro de Industria y Comercio, José Del Castillo Saviñón, consideró histórico el fallo que por primera vez obtuvo República Dominicana a su favor en un arbitraje internacional de inversión DR-Cafta por US$ 100 millones en contra del Estado dominicano.
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