Informe sobre la suspensión de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en los Estados Unidos
Mediante la orden ejecutiva dictada el 10 de febrero de 2025, la Presidencia de Estados Unidos suspendió por un lapso de 180 días (prorrogables) las investigaciones penales conducidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y basadas en violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Esta suspensión permitirá revisar las investigaciones en curso y dictar nuevos lineamientos para la aplicación de la Ley, a los fines de ajustarla a la política exterior orientada a incrementar la competitividad de Estados Unidos.
Además de suspender temporalmente las acciones, la orden ejecutiva instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a diseñar nuevas directrices de aplicación que refuercen la competitividad de las empresas estadounidenses en el extranjero. No obstante, esta decisión contradice el memorando emitido el 5 de febrero por la fiscal general, que establecía como prioridad para los fiscales del DOJ la persecución de casos relacionados con la aplicación de la FCPA cuando involucran a organizaciones criminales transnacionales.
En esta línea, el presidente Donald Trump ha calificado la FCPA como un obstáculo para las empresas estadounidenses, argumentando que las coloca en desventaja frente a sus competidores internacionales—especialmente China—al no estar sujetos a regulaciones similares. Algunos analistas advierten que una eventual suspensión o flexibilización de su aplicación podría facilitar abusos y generar efectos colaterales, particularmente en regiones como Latinoamérica, donde la corrupción sigue siendo un desafío significativo. Por tanto, será crucial evaluar cómo las nuevas directrices lograrán conciliar sus objetivos con el marco regulatorio vigente y qué impacto tendrán en las investigaciones y acciones del DOJ, tanto en curso como futuras.